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por Mar\u00eda Varde <\/strong>(Instituto de Ciencias Antropol\u00f3gicas, Universidad de Buenos Aires)<\/p>\n Un reciente fallo absolutorio en una causa por trata de personas volvi\u00f3 a exponer uno de los aspectos m\u00e1s oscuros del sistema judicial argentino: el uso de categor\u00edas desacreditadas y discriminatorias \u2014como \u201csecta\u201d o \u201cpersuasi\u00f3n coercitiva\u201d\u2014 para criminalizar comunidades religiosas bajo la apariencia de una defensa de los derechos humanos.<\/p>\n El 13 de octubre de 2025 el juez federal Roberto Falcone, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, absolvi\u00f3 al pastor evang\u00e9lico Roberto Tagliabu\u00e9, despu\u00e9s de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n preventiva. Hab\u00eda sido acusado de trata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral, privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina, usando \u201cpersuasi\u00f3n coercitiva\u201d para manipular a las v\u00edctimas. En su fallo, Falcone denunci\u00f3 la falta de pruebas y de objetividad por parte del Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF), se\u00f1alando que la fiscal Laura Mazzaferri y funcionarios de la Procuradur\u00eda de Trata y Explotaci\u00f3n de Personas (PROTEX) construyeron un relato sin sustento f\u00e1ctico, basado en informes del Programa Nacional de Rescate (PNR) que calificaban a los miembros de la iglesia como \u201cv\u00edctimas\u201d sin siquiera verificar sus condiciones reales.<\/p>\n \u201cLas personas llegaban al lugar buscando contenci\u00f3n, y lo hac\u00edan por su propia voluntad. No puede confundirse vulnerabilidad con incapacidad de decidir\u201d,\u00a0afirm\u00f3 el magistrado<\/a>, subrayando que la vulnerabilidad social o el consumo problem\u00e1tico de drogas no implican p\u00e9rdida de autodeterminaci\u00f3n. \u201cAfirmar lo contrario supone una falta de respeto hacia las personas que se busca proteger. La vulnerabilidad no es sin\u00f3nimo de falta de voluntad ni de incapacidad para consentir.\u201d<\/p>\n Falcone rechaz\u00f3 adem\u00e1s que pudiera calificarse como \u201cfalso\u201d el discurso religioso del pastor, ya que hacerlo ser\u00eda \u201cincurrir en una descalificaci\u00f3n de las creencias religiosas de otras personas que, en manos de funcionarios p\u00fablicos, resulta incompatible con el respeto a la libertad de culto consagrado en la Constituci\u00f3n Nacional\u201d. Fue categ\u00f3rico al se\u00f1alar que un discurso religioso no puede criminalizarse por ser diferente, cuando no se ha probado que la fe haya sido usada como herramienta de sometimiento. El Estado, sostuvo, no debe etiquetar como v\u00edctimas a quienes buscan ayuda espiritual.<\/p>\n Si bien Falcone ha demostrado en otros fallos que cree en el concepto de \u201cpersuasi\u00f3n coercitiva\u201d, las advertencias que introduce en esta sentencia lo acercan a las cr\u00edticas ya formuladas por otros tribunales en causas similares. En 2022, el Juzgado Federal de Tres de Febrero desestim\u00f3 la\u00a0denuncia contra los miembros del movimiento \u201cC\u00f3mo Vivir por Fe\u201d<\/a>, filial argentina de los Jesus Christians, y advirti\u00f3 sobre la influencia del activista antisectas Pablo Salum\u2014vinculado a PROTEX\u2014 en la construcci\u00f3n de la causa. El tribunal se\u00f1al\u00f3 que considerar delito la adhesi\u00f3n voluntaria a una religi\u00f3n minoritaria y a su estilo de vida introduce un concepto paternalista peligroso para una sociedad democr\u00e1tica.<\/p>\n Clar\u00edn, 3 de septiembre de 2022<\/p><\/div>\n <\/p>\n En 2024, el Tribunal Oral Federal de Paran\u00e1 fue m\u00e1s lejos: en la investigaci\u00f3n contra la Iglesia Tabern\u00e1culo Internacional, tambi\u00e9n acusada de trata, declar\u00f3 que PROTEX y el PNR hab\u00edan incurrido en graves abusos al coaccionar a los fieles para que se identificaran como v\u00edctimas. La sentencia\u00a0document\u00f3<\/a>\u00a0que las personas involucradas fueron aterrorizadas durante y despu\u00e9s del operativo, y sometidas a presiones intolerables para admitir que hab\u00edan sido explotadas. Tambi\u00e9n recomend\u00f3 abandonar el t\u00e9rmino \u201csecta\u201d en favor de denominaciones neutrales como \u201cNuevo Movimiento Religioso\u201d y subray\u00f3 la licitud del trabajo voluntario religioso, destacando la ausencia total de pruebas de trata.<\/p>\n Una metapericia realizada en 2024 por la psic\u00f3loga forense Sandra Victoria Abudi sobre las nueve mujeres calificadas como \u201cv\u00edctimas\u201d en la causa de la Escuela de Yoga de Buenos Aires confirm\u00f3 un patr\u00f3n inquietante. El informe oficial de la Direcci\u00f3n de Asistencia T\u00e9cnica e Investigaciones Periciales del MPF (DATIP) ignor\u00f3 la evidencia cl\u00ednica y las declaraciones de las entrevistadas, imponiendo una narrativa de victimizaci\u00f3n generalizada basada en autores desacreditados como Margaret Singer. Abudi \u2014coautora del Manual de pr\u00e1ctica forense para profesionales de la psicolog\u00eda (Paid\u00f3s, 2021)\u2014 calific\u00f3 el trabajo de DATIP como irregular y carente de sustento cient\u00edfico, y destac\u00f3 que, para esas mujeres, el \u00fanico hecho traum\u00e1tico hab\u00eda sido la propia intervenci\u00f3n estatal.<\/p>\n La Naci\u00f3n, 24 de abril de 2025<\/p><\/div>\n <\/p>\n La \u00e9tica y el desempe\u00f1o de PROTEX tambi\u00e9n han sido cuestionados en otras causas, en las que las entrevistas realizadas por organismos dependientes vulneraron las garant\u00edas b\u00e1sicas de imparcialidad y de no revictimizaci\u00f3n.\u00a0Un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.\u00ba 8<\/a>\u00a0reproch\u00f3 directamente a los co-titulares de PROTEX, Marcelo Colombo y Mar\u00eda Alejandra M\u00e1ngano, su falta de perspectiva de g\u00e9nero y su rol en la construcci\u00f3n de una causa basada en testimonios inducidos y peritajes cuestionables. El fallo se\u00f1al\u00f3 una \u201cfalta de identidad entre el \u2018deber ser\u2019 normativo y lo acontecido a lo largo del proceso\u201d. En este y otros casos las presuntas v\u00edctimas rechazaron la asistencia estatal y manifestaron su disconformidad con los procedimientos que supuestamente buscaban protegerlas.<\/p>\n Las cr\u00edticas se han presentado tambi\u00e9n en el \u00e1mbito acad\u00e9mico, donde se ha se\u00f1alado el enfoque paternalista de los titulares de PROTEX, que concibe a las mujeres como incapaces de decidir por s\u00ed mismas. Este marco ideol\u00f3gico \u2014que equipara vulnerabilidad con incapacidad moral o jur\u00eddica\u2014 es precisamente el que los tribunales han comenzado a desmantelar.<\/p>\n Pese a las advertencias judiciales, PROTEX ha ampliado en los hechos su mandato. Amparada en una amplia difusi\u00f3n medi\u00e1tica e institucional bajo la bandera de la lucha contra la trata, la procuradur\u00eda apunta cada vez m\u00e1s a grupos religiosos, sostiene causas incluso cuando las presuntas v\u00edctimas niegan explotaci\u00f3n y llega a atribuir las sentencias desfavorables a una supuesta \u201cfalta de actualizaci\u00f3n\u201d de los jueces.<\/p>\n M\u00e1s a\u00fan, mientras su conducta enfrenta severas cr\u00edticas de un n\u00famero creciente de tribunales orales, Mazzaferri, Colombo y otros agentes de PROTEX contin\u00faan promoviendo activamente\u00a0capacitaciones sobre \u201corganizaciones coercitivas\u201d y \u201csectas\u201d<\/a>\u00a0en universidades y organismos p\u00fablicos. La situaci\u00f3n se ha vuelto parad\u00f3jica: quienes dictan c\u00e1tedra sobre derechos humanos son los mismos funcionarios se\u00f1alados por violarlos en el ejercicio de su cargo. El contraste es evidente: aquello que los tribunales rechazan por discriminatorio y antijur\u00eddico reaparece como \u201cformaci\u00f3n\u201d institucional y comunicaci\u00f3n oficial.<\/p>\n El concepto \u201cpersuasi\u00f3n coercitiva\u201d, convertido de facto en dogma procesal, no es otra cosa que la vieja y ya desacreditada<\/a> teor\u00eda del lavado de cerebro<\/a> \u00a0promovida por el activismo antisectas<\/a>. Su adopci\u00f3n por PROTEX y por los organismos de rescate y asistencia a v\u00edctimas revela la\u00a0penetraci\u00f3n institucional de un discurso que patologiza la fe<\/a>\u00a0y convierte el disenso espiritual en delito. En la pr\u00e1ctica, el Estado argentino se ha arrogado el poder de decidir qu\u00e9 creencias son \u201crazonables\u201d, qui\u00e9n puede ense\u00f1ar espiritualidad y a qui\u00e9n debe \u201crescatarse\u201d de sus propias pr\u00e1cticas espirituales.<\/p>\n El resultado es la creaci\u00f3n sistem\u00e1tica de \u201cv\u00edctimas involuntarias\u201d \u2014personas cuya autonom\u00eda se niega en nombre de su protecci\u00f3n\u2014 y de \u201cl\u00edderes sectarios\u201d: referentes religiosos o comunitarios perseguidos por promover formas de vida no hegem\u00f3nicas.<\/p>\n Estos procesos vulneran derechos fundamentales: la libertad religiosa, la igualdad ante la ley, la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho a no ser sometido a coacci\u00f3n institucional. En nombre del combate a la trata de personas se han cometido actos de violencia simb\u00f3lica y material: allanamientos, detenciones infundadas, despojos de bienes y, sobre todo, la destrucci\u00f3n de comunidades leg\u00edtimas.<\/p>\n La cruzada antisectas en Argentina ya no puede presentarse como una pol\u00edtica humanitaria: es una doctrina institucional que, mientras es cuestionada en los tribunales, se reproduce como \u201ccapacitaci\u00f3n\u201d oficial, violando las mismas libertades que dice defender.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.diversidadreligiosa.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/2f-vert-2-640x354.jpg\")
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