por Sol Prieto (CEIL-CONICET)
El 70 por ciento de las personas que se consideran católicas en Argentina piensa que el aborto debería ser legal. Esta cifra es mayor al porcentaje de respaldo que recibe la legalización del aborto en el conjunto de la población, donde se ubica en el 64 por ciento. Los datos mencionados fueron recabados en 2008. Es probable que ambas cifras hayan aumentado en estos diez años, junto la creciente visibilidad del movimiento de mujeres y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. El anuncio del presidente, Mauricio Macri, de que dará libertad a sus legisladores para tratar el tema en el Congreso, aceleró un debate en el que todos los actores que intervienen, desde distintas posiciones, tienen una creencia común. Es la visión de que las religiones, sobre todo el catolicismo, a través de la Iglesia católica, apostólica y romana, están relacionadas con su resultado legislativo y político de este debate.
Diversos sectores coinciden en que la Iglesia católica es un obstáculo para que las mujeres puedan decidir interrumpir legalmente, y de manera segura para su salud, un embarazo que no desean continuar. Es la opinión de legisladoras y legisladores de todos los partidos; de obispos, sacerdotes, religiosas, militantes feministas. Es lo que piensa el presidente de la Nación y su gabinete; al igual que los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y los analistas de opinión pública. Sin embargo, si se tienen en cuenta algunas de las leyes sancionadas en los últimos años, surge con fuerza el interrogante: ¿en qué medida puede probarse empíricamente el “poder de la Iglesia” en estos temas y a través de qué mecanismos opera?
Antecedentes recientes
El caso de la Ley 26.618, conocida como “Ley de Matrimonio Igualitario”, representa uno de los ejemplos claves para contrastar la creencia que se acaba de mencionar. En un interesante artículo, los investigadores Mariela Mosqueira, Marcos Carbonelli y Karina Felitti, marcaron que, si bien la Iglesia católica se movilizó ante la posible sanción de esta norma, el grueso de las demostraciones de fuerza en el espacio público corrió por cuenta de las instituciones evangélicas. Fue así porque allí la participación de la comunidad en el culto es mucho mayor y más activa. La cohesión de las comunidades y su “gimnasia” para movilizarse en torno a algunas cuestiones es mucho mayor. Mientras el debate público social del Matrimonio Igualitario crecía, reapareció la amenaza por parte algunos obispos de excomulgar a los diputados y senadores que apoyaran su sanción, algo que había ocurrido en 1987, luego de la sanción del divorcio vincular.
A pesar de estas amenazas, y de que el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, afirmara que el Matrimonio Igualitario se trataba de “una movida del Padre de la Mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”, la aprobación de la ley por amplia mayoría dejó en evidencia que la Iglesia católica, aunque es un jugador en las dinámicas coalicionales, no necesariamente define los resultados.
Lo mismo ocurrió entre 2011 y 2012, durante el debate de la Ley 26.742, titulada “Derechos Del Paciente, Historia Clínica Y Consentimiento Informado” y conocida popularmente como “ley de muerte digna”. De acuerdo a esta norma, los individuos tienen “autonomía de la voluntad” para rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación o de soporte vital, desproporcionados. En el caso de los enfermos terminales también se los dota del derecho a rechazar procedimientos de hidratación o alimentación, cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal. Tanto en este debate como en su antecedente (una ley similar sancionada en la Provincia de Río Negro), múltiples agentes católicos se movilizaron en contra. Acudieron a las audiencias públicas en carácter de expertos y responsables de organizaciones no gubernamentales, publicaron notas en la Agencia de Información Católica y en otros medios de comunicación. También difundieron comunicados y mensajes de los obispos. Sin embargo, la fuerza de la Iglesia para impedir la sanción fue tan insuficiente que la Conferencia Episcopal Argentina manifestó sus reparos una vez ya sancionada la ley. En una declaración de la Comisión Ejecutiva de la CEA, los obispos criticaron la medida, denominando “eutanasia pasiva” a la posibilidad, por parte de los pacientes, de rechazar la hidratación y la alimentación a partir de directivas anticipadas.
También pasó esto entre el 2012 y 2013, en el debate de la Ley 26.862, conocida como “ley de fecundación asistida”. El Código Civil y esta norma ingresaron en el mismo período de sesiones al Congreso. Por eso la jerarquía de Iglesia no se pronunció puntualmente durante el debate en comisiones. Sí lo hizo en los puntos contenidos en el Código. En el documento “Reflexiones y aportes sobre algunos temas vinculados a la reforma del Código Civil”, la CEA planteó que la fecundación artificial debía “ser prohibida por las objeciones éticas y jurídicas que merece”. De todos modos aclaro que, en caso que se promovieran legalmente técnicas de fecundación in vitro, los embriones debían tener los mismos derechos que los embriones implantados en el útero. Es decir: no debían ser objeto de experimentación, investigación, ni tampoco podían ser cultivados. A pesar de este cuestionamiento en el debate del Código Civil, la Iglesia católica no intervino en el debate de la norma propiamente dicha. Ésta se sancionó con un amplio consenso social.
La Ley 16.743, conocida como “ley de identidad de género” fue un caso similar. Al igual que la de “muerte digna”, se sancionó y se promulgó en 2012. Reconoce el derecho con el que cuentan todas las personas de hacer coincidir su cuerpo (incluida su genitalidad), su nombre y su documentación oficial, con su identidad de género autopercibida. El artículo 11 establece el “derecho al libre desarrollo personal”. Este derecho implica que todas las personas mayores de dieciocho años pueden acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida. Esto, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. A diferencia de otras leyes de este tipo, la Iglesia no emitió pronunciamientos durante el tiempo que duró el debate en ambas cámaras. La Conferencia Episcopal emitió una brevísima declaración luego de que fuera sancionada. Teniendo en cuenta el tono de otros documentos del mismo tipo, las críticas al proyecto fueron moderadas. Y en comparación con otros documentos, muy contemplativas de la situación y los reclamos de las personas trans. De este modo, los obispos marcaron que, si bien había que tener en cuenta “el significado objetivo del dato biológico como elemento primario”, en una legislación sobre identidad sexual esto no significaba “desconocer la realidad de personas que sufren por estos motivos”. Nuevamente, la ley se sancionó por mayoría y con un importante consenso social.
Cultura política y poder eclesiástico
Los casos mencionados tienen características comunes. Las leyes reconocieron formatos plurales de sociedad y de identidad; fueron aprobadas por mayoría; los debates implicaron algún grado de oposición a la doctrina de la Iglesia católica; y la capacidad de la Iglesia para impedir que se sancionaran fue limitada.
Ahora bien, esta capacidad limitada para bloquear políticas no tiene solamente que ver con las características de la feligresía católica respecto a las prácticas religiosas; también pesan las creencias de la feligresía. La primera Encuesta Nacional Sobre Creencias y Actitudes Religiosas, realizada en 2008 por el Programa de Sociedad Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Conicet, arrojó interesantes resultados. Un dato se mencionó al inicio de esta nota, casi el 70% de los católicos está de acuerdo con que el aborto sea legal en algunos casos. Pero hay otros indicadores para tener en cuenta: el 60,5% estima que se les debería permitir el sacerdocio a las mujeres; el 79,3 considera que a los sacerdotes se les tendría que permitir formar una familia; el 80,8 piensa que las relaciones sexuales antes del matrimonio son una experiencia positiva; y el 93 está de acuerdo con que en las escuelas se enseñen todos los métodos anticonceptivos. La pregunta que surge entonces es: ¿por qué tantos actores sociales identifican a la Iglesia católica como un posible actor de veto de la legalización de la interrupción del embarazo?
Probablemente se deba más a las características de la cultura política argentina que al llamado “poder de la Iglesia”. De acuerdo a una encuesta realizada por el sociólogo Juan Cruz Esquivel es muy frecuente que los legisladores se reúnan con religiosos en su condición de parlamentarios. El sondeo, realizado en 2012, arrojó que más de la mitad de los diputados y senadores se habían encontrado con un obispo y un 45 por ciento con un sacerdote católico ese año. En la misma encuesta, 7 de cada 10 legisladores consideró que era legítimo que los sacerdotes incursionaran en el terreno electoral y más de un tercio afirmó creer que el apoyo de las iglesias puede contribuir para ganar una elección.
Estos datos llevan a pensar que quizás el principal obstáculo para la despenalización del aborto no sean las creencias de la Iglesia católica sobre la moral sexual y reproductiva sino las creencias de los legisladores sobre el poder de la Iglesia católica.
Publicado originalmente en la revista REPLANTEO.
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