Cobertura mediática y realidad de los Jesuscristianos
por Massimo Introvigne (CESNUR) y María Vardé (ICA-UBA)
Los Jesucristianos son un movimiento religioso surgido en Australia en 1981, fundado por Dave McKay y su esposa Cherry. Desde sus inicios, el grupo adoptó un enfoque radical del cristianismo, caracterizado por un fuerte compromiso con la austeridad voluntaria y una actitud crítica hacia el materialismo y el fetichismo del dinero, que consideran incompatibles con la fe cristiana auténtica. Sus prácticas religiosas incluyen la distribución a voluntad de literatura creada por ellos, el trabajo altruista comunitario (esto es, dar sin expectativas de recibir nada a cambio), y actividades públicas orientadas a demostrar su fe en la providencia divina. En la década de 1990 fueron elogiados en distintos medios internacionales debido a sus emprendimientos de acción social en barrios pobres de la India, enmarcados en lo que ellos denominaron proyecto Vision 2000.
Inspirados fundamentalmente por las enseñanzas directas de Jesús tal como fueron volcadas en el Nuevo Testamento, los Jesucristianos se han distinguido por su estilo de vida itinerante y comunitario, viviendo en pequeños colectivos y practicando modelos económicos alternativos, incluyendo el freeganismo (movimiento social que promueve la reducción del consumo y el aprovechamiento de bienes, particularmente alimentos, que son desechados por la sociedad).
Basados en el libro Apocalipsis de la Biblia, sus miembros creen firmemente en la inminente llegada de los tiempos del fin desde una perspectiva post-tribulacionista, y sostienen que algunos sistemas modernos de identificación, especialmente aquellos que incorporan tecnología RFID (sistema de comunicación inalámbrica que usa campos electromagnéticos para transmitir datos entre etiquetas (tags) y lectores RFID) para transacciones comerciales, podrían anticipar la «Marca de la Bestia».
A pesar de su pequeño tamaño en comparación con otros grupos controvertidos, los Jesucristianos se han convertido en objeto de denuncias y estigmatización debido a sus creencias y estilo de vida poco convencionales, lo que los ha vuelto blanco tanto de activistas antisectas como de sectores religiosos tradicionales. Las controversias comenzaron con denuncias penales impulsadas por familiares de nuevos conversos, todas ellas posteriormente desestimadas, en un patrón común a muchos nuevos movimientos religiosos. Sin embargo, la persistente asociación del grupo con la idea de “secta” y “lavado de cerebro” ha condicionado su tratamiento en la esfera pública y legal, generando episodios de arrestos irregulares, campañas difamatorias y discriminación. En Argentina, estas tensiones se reactivaron en torno a prácticas como la donación altruista de órganos y sus métodos de evangelización, que, lejos de ser comprendidos en su lógica interna, han sido interpretados como señales de coacción o manipulación, alimentando así nuevas controversias judiciales
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El proceso contra los Jesucristianos en Argentina
Cómo Vivir por Fe (CVF) es un ministerio del movimiento Jesucristiano fundado en Argentina en 2010 por Felipe y Lisa tras su labor misionera de cuatro años en África. Actualmente con 10 miembros estables, la comunidad ha albergado hasta 20 personas, incluidos niños. Aunque centrado en Argentina, su composición ha sido transnacional, con integrantes de Australia, Colombia, México y El Salvador. A su vez, varios miembros argentinos han continuado el trabajo en otros países latinoamericanos, reflejando dinámicas de movilidad propias de los Jesucristianos.
La comunidad CVF enfrentó graves acusaciones de trata de personas tras una denuncia presentada el 16 de marzo de 2021 por la madre de una nueva integrante del grupo, Micaela (su nombre religioso), de 32 años, y un activista antisectas llamado Pablo Salum. El caso cobró notoriedad mediática cuando los medios comenzaron a referirse a la comunidad como “la secta del horror” y “la secta del riñón”. En numerosos programas televisivos, las acusaciones se presentaron como hechos, sin ofrecer a CVF el derecho a réplica. Durante varios meses, la comunidad soportó allanamientos, interrogatorios y un intenso escrutinio público.
En el marco legal argentino, el delito de trata de personas se define como el reclutamiento, traslado, recepción o alojamiento de personas con fines de explotación. El reclutamiento implica atraer a las víctimas con promesas engañosas para luego explotarlas sexual o laboralmente. La recepción o alojamiento se refiere a colocar a las víctimas en lugares donde serán explotadas o trasladadas a otro sitio con ese propósito. Este delito sumamente grave cosifica a los seres humanos para obtener beneficios a costa de su libertad y autodeterminación. Las penas oscilan entre ocho y quince años de prisión, según si la explotación fue consumada y si la víctima es menor de edad.
El caso comenzó cuando la Oficina de la Procuraduría para la Trata y Explotación de Personas (PROTEX) recibió un correo electrónico del activista antisectas Pablo Salum en el que afirmaba que CVF “captaba” personas manipulándolas para que dejaran a sus familias, estudios, trabajos y amigos, obligándolas a “trabajar las 24 horas para Jesús” (PROTEX et al. 2021, 3). Según su denuncia, los miembros debían vender todas sus pertenencias y entregar el dinero al grupo, cuyos líderes supuestamente explotaban a las víctimas con fines lucrativos. Además, aseguraba que algunos miembros debían vivir en la calle y alimentarse con restos de basura. La denuncia concluía con una acusación aún más grave: que había niños en el grupo que podrían ser “abusados de alguna manera” (PROTEX et al. 2021, 3).
Pablo Salum es un activista que ofrece asesoramiento pago a familiares de personas que se integran a grupos religiosos que él describe como “organizaciones coercitivas” o “sectas”. Sin formación profesional específica, Salum se presenta como el líder de la organización “Red Librementes”, dedicada, según él, a denunciar “sectas” y a “empoderar” al público. Sin embargo, en la práctica, Salum es la única figura visible de esta “red” en los medios y en los procesos judiciales. Su “experticia” se basa en su autoproclamado estatus de “víctima sobreviviente” de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), de la cual afirma que su madre y sus hermanos fueron “captados” mientras él logró “escapar”. No obstante, su relato ha sido negado por sus propios familiares y por otros miembros de EYBA (Introvigne 2023; Palmer 2023).
Recientemente, antiguos seguidores de Salum han creado un perfil en X para denunciar las contradicciones en sus testimonios, acusándolo de usar una historia falsa de victimización para manipular a sus seguidores y fabricar testimonios falsos (@LEYANTISECTAS1). Salum ha denunciado a numerosas organizaciones por trata de personas, incluyendo a EYBA, argumentando que la ley contra la trata es la única vía legal efectiva para actuar contra las “sectas”, ya que el “lavado de cerebro” y la mera pertenencia a una “secta” no son delitos en Argentina ni en la mayoría de los países democráticos. Además, en un video en su canal de YouTube, Salum admite haber colaborado con agentes estatales para influir en el testimonio de un testigo en el caso CVF (LeyAntisectas 2022a).
Causa Judicial
De este modo, Salum ha desarrollado un esquema en el que los grupos que reciben trabajo voluntario de sus miembros son considerados “organizaciones coercitivas” que explotan y trafican a sus integrantes, mediante el uso de “lavado de cerebro” o “persuasión coercitiva”, para enriquecer a sus líderes. Sus acusaciones se basan en definiciones y bibliografía del grupo antisectas Invictus, con sede en Barcelona, pero con alcance internacional, y en las teorías de la psicóloga estadounidense Margaret Singer (1921–2003), consideradas ajenas a la ciencia establecida en la decisión Fishman de 1990. La lista de “sectas” de Salum ha crecido con el tiempo, incluyendo desde tarotistas hasta las monjas Carmelitas Descalzas católicas y la masonería. En su sitio web describe a los representantes de la federación que agrupa a iglesias evangélicas en Argentina como “personajes siniestros” (Salum 2024). También afirmó que el “75%” de las religiones registradas en Argentina son “organizaciones criminales” (LeyAntisectas 2022b).
Salum condujo a una persona de identidad reservada (posteriormente identificada como la madre de Micaela) a realizar la denuncia inicial contra CVF llamando a la línea directa 145 contra la trata. Luego, amplió las acusaciones trabajando con PROTEX. Afirmó que Micaela había abandonado a su hija de 13 años cuando se unió a la comunidad, y que formar parte del movimiento implicaba viajes internacionales con fines de evangelización.
Esta declaración presenta contradicciones evidentes. Inicialmente, la denunciante afirmó que Micaela estuvo incomunicada desde el principio, durante el período de prueba. Más tarde, contradijo esta afirmación indicando que la incomunicación comenzó una vez finalizado ese período. Posteriormente, la denunciante misma aportó capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que mostraban que la comunicación persistió incluso después de que Micaela comenzara a residir permanentemente en la comunidad.
Causa Judicial
En su investigación preliminar, tras varias páginas dedicadas a describir la “persuasión coercitiva”, PROTEX argumentó que tenía pruebas de que CVF era una “organización coercitiva” o “secta” que había captado a Micaela usando técnicas de atracción y manipulación, aprovechándose de su vulnerabilidad. Sin embargo, la “evidencia” de la “captación” se limitaba a la existencia de los sitios web y canales de YouTube de la comunidad, los testimonios de Salum y la madre de Micaela, y el hecho de que Micaela había expresado su deseo de hacer un cambio drástico en su vida y convertirse en “seguidora de Jesús”.
La “prueba” de que su pensamiento crítico había sido disminuido era que Micaela pidió a su familia que leyera la Biblia para que pudieran discutir su decisión. En los argumentos de PROTEX, los “engaños” inculcados por CVF en su víctima eran solo su interpretación de la Biblia. Así, la creencia en el fin del mundo y en la Marca de la Bestia fueron interpretados por PROTEX, Salum y la familia de Micaela como evidencia de que operaba una tecnología de “dominación psicológica”.
Además, PROTEX afirmó que CVF había trasladado a Micaela, citando la ayuda de dos miembros de la comunidad para cargar sus pertenencias en un flete el día que se mudó. Sin embargo, se reveló que el flete había sido contratado por la propia Micaela, no por la comunidad. Esta afirmación fue además contradicha por la madre de Micaela, quien inicialmente declaró en su denuncia que el conductor del flete le había proporcionado la nueva dirección de Micaela (luego esto también se desmintió). Más aún, durante la cobertura mediática del caso, la madre de Micaela afirmó públicamente desconocer el paradero de su hija y buscarla desesperadamente, a pesar de que una de esas declaraciones fue filmada justo frente a la casa donde Micaela residía. Esta discrepancia pone de manifiesto inconsistencias significativas en la narrativa de la denunciante.
Causa Judicial
En el expediente se incluyó un video grabado por la familia de Micaela el día de la mudanza, mostrando que ella le pregunta a su hija adolescente si quería vivir con ella. Esto presenta una tercera contradicción evidente en el caso, ya que inicialmente se afirmó que Micaela había abandonado a su hija. Sin embargo, PROTEX interpretó la acción de Micaela como un “intento de reclutar a su hija”, lo que consideraron como prueba de la exitosa implementación de un proceso de “lavado de cerebro” (PROTEX et al. 2021, 13).
PROTEX también sostuvo que la residencia de Micaela dentro de la comunidad probaba que había sido acogida para su explotación. Según la fiscalía, las pruebas de explotación incluían la renuncia de Micaela a su trabajo, la venta de sus bienes no esenciales, su participación en actividades de predicación y su involucramiento en tareas de mantenimiento como limpieza, pintura y decoración de la casa junto a otros miembros de la comunidad.
Los fiscales argumentaron que Micaela era vulnerable debido a una “situación emocional extremadamente endeble” (PROTEX et al. 2021, 21). Las supuestas causas de esta situación, según consta en el expediente, eran la reciente separación de Micaela de su pareja (que según ella no había sido tan reciente) y su condición de mujer. Este último factor representaba una desventaja debido a su inserción “en una estructura religiosa, tradicionalmente caracterizada por creencias machistas y estereotipos sobre la mujer”, lo que constituía “un factor concreto y objetivo de vulnerabilidad estructural” (PROTEX et al. 2021, 21). Es importante destacar que en ningún momento se presentó un análisis objetivo sobre la organización, su sistema de creencias o las relaciones internas dentro del grupo.
Causa Judicial
Finalmente, la fiscalía expresó la necesidad de investigar la posibilidad de que la “organización criminal” promoviera la “donación y extracción forzada de órganos” entre sus miembros (PROTEX et al. 2021, 18). Para justificar esta acusación, PROTEX argumentó que McKay tenía antecedentes penales por la venta ilegal de órganos. La “evidencia” criminal de esto era la declaración de Salum y un comentario anónimo publicado en un blog llamado “Camino al regreso”, perteneciente a una comunidad de ex seguidores de la Nueva Era que se pronuncian contra diversas corrientes religiosas y espirituales. Sin embargo, en el blog no había testimonios de “víctimas” de la organización, sino una nota que simplemente transcribía comentarios negativos de usuarios de YouTube en el canal “Una voz en el desierto” de los Jesucristianos.
El caso fue tramitado en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, en la Provincia de Buenos Aires. Basándose en los argumentos presentados por PROTEX, el tribunal ordenó una serie de medidas que incluyeron el allanamiento de las instalaciones de CVF para secuestrar elementos relevantes para la investigación, así como la evaluación de Micaela por personal calificado para determinar si existían indicios de trata de personas. Además, se tomaron testimonios de otros miembros de la congregación. En sus relatos, los entrevistados coincidieron en que su ingreso a la comunidad había sido voluntario. También destacaron que, aunque había líderes en cuanto a la organización de algunas actividades, no se percibían diferencias de estatus entre los distintos miembros en la vida diaria del grupo, y todos vivían en condiciones similares (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero 2022).
A partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados, el tribunal señaló que la evidencia contradecía el supuesto aislamiento de los miembros del grupo. Los teléfonos eran compartidos por todos los miembros de la casa y los chats mostraban que los usuarios contactaban a terceros con quienes conversaban afectuosamente sobre temas familiares (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero 2022, 10). También se verificó que Micaela “mantuvo un vínculo, periódico, fluido y afectuoso con su madre e hija” (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero 2022, 11).
Refutaciones en el canal «Corona de Espinas»
El dictamen de los peritos que examinaron a Micaela y a Flor, una mujer de 29 años también identificada como presunta víctima de trata por PROTEX debido a una denuncia previa de su exesposo, fue concluyente: «no se identificaron elementos que aludieran a conductas de amenazas, victimización, vulnerabilidad, sometimiento, engaño, control emocional, intimidación, presión o vulneración de albedrío ejercidas por los denunciados hacia las peritadas, ni previo, ni durante, ni a posteriori de los supuestos hechos descriptos en autos”. (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero 2022, 12).
Por lo tanto, concluyeron que
«no surgen elementos que permitan evidenciar que “las mismas se encuentran en situación de trata de personas, afectaciones de orden psicopatológico que pudieran haber interferido en la comprensión y claridad de las acciones al momento de la participación de ambas en el culto ‘Como Vivir por Fe’” (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero 2022, 12).
Respecto a las dos menores que vivían en la comunidad, el personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Tres de Febrero las entrevistó y descartó cualquier situación que indicara violación de sus derechos. Finalmente, el tribunal evaluó el testimonio de un joven que había vivido con la comunidad durante un mes en período de prueba, quien habló negativamente del grupo y afirmó que obligaba a sus seguidores a odiar a sus familias y distanciarse de ellas. Sin embargo, en el mismo testimonio, el joven reconoció que siempre mantuvo contacto con su familia. El análisis de los teléfonos celulares secuestrados demostró que él tampoco había perdido comunicación con su hermana y que, cuando su padre enfermó, la comunidad lo ayudó a regresar a su provincia natal y le indicó que la puerta siempre estaría abierta para su retorno (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero 2022).
Comunidad «Cómo Vivir por Fe»
La conclusión del tribunal sobre este testimonio fue igualmente contundente:
«Al respecto el juzgado no puede ignorar, tal como también lo destaca la defensa, la acreditada injerencia del mencionado Pablo Salúm en el testimonio. Ello pues aquel entrevistó al joven antes de que declarase y tal entrevista evidencia que el primero ya tenía una opinión formada y negativa sobre el quehacer de la comunidad religiosa y por ello sin duda influyó en el análisis que el testigo brindó al juzgado. Prueba cabal de ello es que J. admite que la mención introducida en autos, relativa a la supuesta donación coercitiva de órganos, la introdujo aquel y que en la comunidad nunca se trató el asunto«. (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero 2022, 14).
Con base en toda la evidencia recopilada, el 28 de noviembre de 2022 el tribunal decidió archivar el caso y devolver a la comunidad todos los objetos incautados en los allanamientos. Sorprendentemente, esta decisión no fue mencionada en ningún medio argentino, incluidos aquellos que previamente habían denunciado a CVF como una “secta del horror”. Debido a esto, la comunidad CVF creó un canal de YouTube llamado “Corona de Espinas” donde publicaron información detallada sobre el caso, testimonios personales de Micaela y una fuerte crítica a las afirmaciones de Salum.
Una aproximación a la perspectiva de Micaela
Para profundizar en la experiencia de Micaela, uno de los autores (Vardé) realizó una entrevista personal con ella a solas. La conversación, coordinada por correo electrónico, ocurrió en una cafetería de Buenos Aires. Durante aproximadamente dos horas, Vardé pudo preguntarle sobre su vida en la comunidad, sus relaciones familiares y su experiencia durante el proceso penal. Su disposición para relatar su historia mostró espontaneidad y buen humor, lo que permitió una charla amena e íntima. Micaela contó que conoció a los Jesucristianos en 2020 mediante videos en internet, que encontró coherentes las propuestas del grupo con sus propias convicciones, y que tras unos meses de contacto decidió iniciar el período de prueba.
Canal Corona de Espinas: Felipe y Micaela cuentan su historia
Antes de tomar esta decisión, Micaela habló con su hija de 13 años, dándole la oportunidad de elegir si quería vivir con ella o con su padre. La hija eligió esto último, pero mantuvieron una buena relación. Micaela explicó a Vardé que, para ella, la decisión de unirse a la comunidad no implicaba cortar lazos con su familia (una afirmación consistentemente respaldada por la evidencia), sino realizar un cambio radical hacia una vida alineada con sus creencias religiosas. Recordó que su hija, su padre y una tía la visitaron varias veces en la comunidad. Entre lágrimas, afirmó que la decisión más difícil había sido dejar de vivir con su hija, a quien ama profundamente. Por esta razón, siempre mantuvo contacto diario para demostrarle a su hija que siempre estaría allí para ella. También buscó mantener una relación afectuosa con su madre y hermana a pesar de la resistencia de ellas a su decisión, incluso rogándoles que la visitaran. Lamentablemente, esto no ocurrió; en cambio, ellas contactaron a Pablo Salum.
El caso penal la tomó por sorpresa, aunque recuerda que los allanamientos se realizaron el día siguiente a que su madre y hermana aparecieran en un video con Pablo Salum afirmando que Micaela había sido “captada” por una “secta” que planeaba enviarla al extranjero y obligarla a donar un riñón (LeyAntisectas 2022c). Micaela describió el proceso legal como intensamente abrumador y confuso, particularmente dada la declaración pública de su madre en medios y tribunales asegurando desconocer el paradero de Micaela. Compartió que, a pesar de sus reservas iniciales sobre compartir su dirección debido a la hostilidad percibida de su familia, su madre y hermana la acompañaron hasta la puerta de su departamento el día que se mudó. Además, informó que ella las visitó a solas en varias ocasiones.
Respecto a la acusación de que la comunidad “come de la basura”, Micaela aclaró que se trata de una exageración. Explicó que la comunidad practica el “freeganismo”, que consiste en recuperar alimentos desechados por los comercios que aún están en buen estado –una práctica no exclusiva de los Jesucristianos y adoptada también por diversos grupos religiosos y seculares por razones de frugalidad o ambientalismo. Micaela reconoció que no siempre obtienen todo lo necesario para una dieta variada mediante el freeganismo, y señaló que compran los artículos necesarios con dinero cuando es requerido. A su vez, esto niega la afirmación de que los miembros de CVF nunca usen dinero.
Comunidad «Cómo Vivir por Fe»
La exposición mediática en torno al caso de Micaela tuvo repercusiones profundas en su vida. Ella compartió con Vardé que sus amigos se emocionaban hasta las lágrimas al verla tras la viralización de la noticia, pues creían que podría no haber sobrevivido. Micaela expresó su reticencia a salir en público, temiendo ser etiquetada como una “mala madre”. También manifestó enojo hacia su madre y hermana, porque siente que ellas ignoraron su perspectiva y adoptaron en cambio las creencias de Salum.
Con el tiempo, Micaela retomó el contacto con ellas, eligiendo evitar discusiones sobre la comunidad y enfocarse en intereses compartidos para reconstruir la relación. Más recientemente, la madre de Micaela solicitó ayuda a la comunidad para cuidar a una tía gravemente enferma. Ahora, Micaela pasa varios días a la semana cuidándola.
Finalmente, cuando se le preguntó su opinión respecto a la donación altruista de órganos, Micaela admitió que, a pesar de comprender las motivaciones de los miembros que donaron un riñón, ella misma siente una fuerte aversión hacia procedimientos médicos invasivos, incluyendo extracciones de sangre. Por ello, la idea de convertirse en donante nunca le pasó por la mente.
Página Web «Cómo Vivir por Fe»
Algunas reflexiones
El caso de los Jesucristianos en Argentina no puede ser comprendido aisladamente como un episodio de controversia mediática o religiosa, sino que debe situarse en una matriz más amplia de prácticas estatales, judiciales y culturales que tienden a patologizar la diferencia espiritual y a gestionar la alteridad religiosa mediante esquemas punitivos de sospecha, medicalización y control. En efecto, la reacción frente a su presencia revela la instalación creciente, aunque solapada, de una tecnología de gobierno sobre lo espiritual, donde el aparato estatal, en colaboración con sectores militantes del movimiento antisectas, opera como productor de “víctimas” y “sectas” mediante dispositivos narrativos de poder.
En trabajos previos tanto Introvigne (2023), como Palmer (2023) y Vardé (2024) han destacado cómo las agencias argentinas contra la trata de personas como PROTEX han entrelazado cada vez más el concepto de “vulnerabilidad” con la teoría pseudocientífica del “lavado de cerebro” para justificar intervenciones judiciales contra minorías etiquetadas como “sectas”, argumentando que sus miembros son manipulados mediante persuasión coercitiva. Queda de manifiesto que este fenómeno no es exclusivo de los Jesucristianos, pero su caso es particularmente ilustrativo por el modo en que sus acciones —como la donación altruista de órganos o el estilo de vida ascético— son reinterpretadas no como elecciones ético-religiosas radicales, sino como indicios de manipulación y sumisión. Así, las prácticas que podrían ser valoradas como formas de resistencia ética al orden capitalista contemporáneo son resignificadas por el aparato judicial como pruebas de explotación, despojando a sus protagonistas de agencia y racionalidad.
Desde una perspectiva antropológica, la ofensiva contra los Jesucristianos en Argentina encaja con un patrón reiterativo —aunque no necesariamente sistemático en sentido técnico— de reacción estatal desproporcionada ante formas no hegemónicas de religiosidad, en el que se disuelven las fronteras entre lo jurídico, lo moral y lo ideológico. El uso reiterado de categorías como “lavado de cerebro”, “secta coercitiva” o “persuasión coercitiva”, pese a su deslegitimación en el campo académico, se ha naturalizado en el discurso penal y mediático argentino, permitiendo así una forma de criminalización preventiva de la diferencia religiosa.
María Vardé
Doctoranda en Antropología (UBA). Su línea de investigación se centra en el estudio de procesos de judicialización de grupos religiosos y espirituales minoritarios en Argentina, con un enfoque crítico desde la perspectiva de la antropología jurídica y los estudios sociales de los nuevos movimientos religiosos
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